Keiko Fujimori, la lideresa de Fuerza Popular y tres veces candidata presidencial, ha sido implicada por el Ministerio Público en una organización criminal liderada el excongresista y actual alcalde de Cajamarca, Joaquín Ramírez, contra quien se ejecuta un megaoperativo de incautación de bienes por presunto lavado de activos, acción que se prolongará por varios días.
Fujimori es señalada por la Fiscalía como integrante del brazo político de la red criminal junto con Pier Figari, su exasesor, con quien captaba “bienes ilícitos para obtener poder político”
Y en el brazo comercial, encargado de instrumentalizar empresas de fachada para obtener ganancias ilícitas, menciona a la gran familia: Joaquín Ramírez, Osías Ramírez, Rosa Castañeda, Luisa Gamarra de Ramírez, Edmon Jordan Montes, Harold Morales, Marcos Aponte, Maribel Ramírez, Marco Antonio Urteaga, Nancy Gallegos de Vela, Nancy Ramírez Gallegos y Yohny Ramírez.
Según la Fiscalía, el exsecretario general de Fuerza Popular habría financiado la campaña electoral de Fujimori, en 2016, con fondos de la universidad fundada por su tío Fidel Ramírez.
En rigor, el acaudalado empresario hizo uso de préstamos otorgados por la institución para una serie de empresas suyas de importación, construcción e inmobiliarias por más de ocho millones de soles, un monto que ingresó presuntamente a la bolsa de la lideresa naranja.
Para el Ministerio del Interior, se trata del segundo caso más grande de lavado de activos en Perú tras el escándalo Orellana, que implicó al empresario Rodolfo Orellana, ahora encarcelado, y desentrañó una poderosa red criminal extendida por casi todo el país, con casi 80 involucrados en 112 hechos de lavado de activos.
INVESTIGADA
La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori también es investigada por el caso Cócteles ―sobre presunto lavado por aportes ilegales en las elecciones de 2011 y 2016―, enfrenta ahora el segundo megacaso por parte del Ministerio Público.
En junio pasado, la Corte Suprema rechazó un recurso presentado por la Fiscalía para que se ordenara el regreso a prisión preventiva de Fujimori, quien ya cumplió una primera detención desde noviembre de 2018, hasta que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó su liberación en noviembre de 2019.
Sin embargo, en enero de 2020 el Poder Judicial dictó otros 15 meses adicionales de prisión preventiva en su contra, que cumplió hasta mayo de ese año, luego de que un tribunal de apelaciones ordenara su excarcelación tras el pago de una fianza de unos 20.500 dólares.
A través de un comunicado, la bancada de Fuerza Popular ha remarcado que Joaquín Ramírez “no es afiliado ni dirigente desde hace varios años”. También precisó “que no existe resolución judicial que establezca responsabilidad penal” entre la tienda o sus dirigentes.
“Exhortamos a la presidenta [Dina] Boluarte a que instruya a sus ministros y estos eviten participar en conferencias de prensa sobre investigaciones judiciales en curso, pues podría interpretarse que existe un interés político del Gobierno y una injerencia en la autonomía del fuero fiscal y judicial”, finalizó la misiva.
DEA
Sin embargo, en mayo del 2016 la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) informó en un comunicado que la entonces candidata presidencial Keiko Fujimori no estaba siendo investigada por esta entidad encargada de combatir el tráfico de drogas internacionalmente.
La declaración estadounidense se realizó luego de que el programa Cuarto Poder difundió un reportaje conjuntamente con la cadena Univisión, en el que reveló que el actual congresista de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, era investigado por la DEA.
De acuerdo a la información se Ramírez habría realizado una operación de lavado de dinero para la candidata presidencial Keiko Fujimori.
La denuncia se basa en la versión del aviador civil Jesús Francisco Vásquez, exsocio de Ramírez, quien dijo haber grabado una conversación en la que el excongresista afirmaba que Fujimori le entregó 15 millones de dólares para lavarlos en la campaña presidencial del año 2011.
En el mismo reporte, una encargada de prensa y un agente especial de DEA confirmaron la investigación, pero declinaron ofrecer mayor información por la «delicadeza» del caso.
12/04/2022
