La Mesa Directiva del Congreso declaró la vacancia del legislador Wilmar Elera, a quien el Poder Judicial le dictó seis años de pena privativa de la libertad por el delito de colusión agravada por su actuación como supervisor de la obra “Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de Pacaipampa”, en el año 2012.

Elera, quien permanece desde hace cinco meses como prófugo de la justicia, fue encontrado responsable en dos instancias judiciales del referido delito.

El acuerdo 85-2022-2023/MESA-CR, recuerda que Elera García “no ejerce funciones parlamentarias desde el 17 de agosto de 2022 al haber solicitado licencia sin goce de haber y encontrarse en calidad de no habido para el sistema de justicia”.

“La situación jurídica del congresista Elera García viene afectando el derecho de representación política toda vez que el Congreso, en su calidad de representante de la voluntad popular, debe velar por mantener el número completo de 130 congresistas (…), ya que, de no ser así, se estaría vulnerando el derecho de los ciudadanos a ser debidamente representados”, se lee en el texto.

ANTECEDENTES

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Piura confirmó de manera unánime la sentencia de seis años de cárcel impuesta en primera instancia al congresista Wilmar Elera García por el delito de colusión agravada en agravio del Estado.

En primera instancia, la sentencia fue dictada en agosto pasado por el Sétimo Juzgado Penal Unipersonal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura.

Los hechos se remontan al año 2012 y está relacionado con la participación de Elera García como supervisor de la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Pacaipampa, provincia de Ayabaca, Piura.

Según el contrato suscrito el 13 de enero del 2012, la obra valorizada en 3 millones 612,717.68 soles debía ejecutarse en un periodo de 180 días calendario, lo cual no ocurrió. 

Asimismo, en virtud a la apelación presentada por la Procuraduría Pública del Estado se impuso 1 millón 575 mil 867.45 soles por concepto de reparación civil, suma que equivale al 58.38% del valor de la obra no realizada.

El colegiado también impuso similar condena a quien se desempeñó como inspector de obra, Wilder Alexander Mogollón, y al contratista José Luis Cortegana Sánchez.

17/01/2023