#Medidas Restrictivas.- En esta última semana dos gobernadores regionales han sido detenidos por disposición del Ministerio Público al estar involucrados presuntos actos de corrupción.
Primero fue la máxima autoridad de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y la tarde del sábado se realizó un operativo que permitió el arresto del gobernador de Puno, Agustín Luque Chayña.
En ambos casos se trata de detenciones preliminares y por un plazo inicial de 10 días.
CONCERTACIÓN
Según la denuncia del Ministerio Público Luque Chayña habría concertado con el ciudadano chino Chen Junkun, representante del Consorcio Hospitalario Manuel Nuñez, la anulación de penalidades superiores a los 500 mil soles respecto de los trabajos de reforzamiento del nosocomio causando un perjuicio patrimonial al Estado.
La Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Puno, encargada de las investigaciones en dicha obra, responsabiliza al gobernador por la presunta comisión del delito de colusión agravada.
La medida coercitiva (restricitiva), solicitada por el fiscal provincial William Otazú Pinto, incluyó el allanamiento de varias sedes del gobierno regional.
Además de Luque Chayña, fueron detenidos de manera preliminar John Martínez Molina (Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica), la conciliadora Liliana Larico Bermejo y el abogado Hans Larico Apaza.
Entre tanto, falta ubicar y capturar a Chen Junkun.
INVESTIGACIONES
Las primeras investigaciones fiscales señalan que el gobernador regional habría acordado con el representante del consorcio la anulación de la carta a través de la cual se le comunicaba la aplicación de las penalidades, y que este acuerdo se habría logrado con el jefe de asesoría legal del gobierno regional, John Martínez Molina como representante del gobierno regional.
La conciliación extrajudicial se habría realizado en el Centro de Conciliación “Mediar Puno”, siendo elaborada por la conciliadora extrajudicial Liliana Larico Bermejo y la legalidad del documento verificada por el abogado Hans Larico Apaza, todos ellos también imputados por los mismos delitos.
Además, la investigación presume que el acta de conciliación carecería de las formalidades establecidas en la ley y habría sido celebrada por el jefe de asesoría legal del gobierno regional con una delegación de facultades otorgada por el presidente regional, también de manera irregular.
El operativo fiscal contó con el apoyo de efectivos de la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR) y de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la Policía Nacional y fue supervisado por el coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, fiscal superior Omar Tello Rosales.
30/10/2021
