El 28 reporte del Observatorio de Conflictos Mineros del Perú (OCM) fue presentado en panel “Minería y Medio Ambiente. Los retos del nuevo gobierno”.
El evento sirvió para que los integrantes de esta plataforma informativa y de análisis, junto a un grupo de panelistas abordaran los impactos de los conflictos socioambientales en la población y la necesidad de plantear un impuesto a las sobreganancias mineras.
Participaron Pedro Francke, asesor económico del presidente electo Pedro Castillo, y Ruth Luque, congresista electa por la región Cusco, quienes señalaron desde su experiencia, aspectos e impactos de los conflictos mineros en la población.
Francke, destacó la necesidad de una política minera distinta, articulada de manera integral y no sectorizada, que permita a esta actividad ser una palanca de desarrollo social, humana, integral y no un espacio alrededor del cual se generen conflictos o desigualdades.
“Es importante (la actividad minera), desde luego, la generación de divisas, pago de impuestos y empleos dignos, pero debe de verse como parte de un desarrollo integral, humano y sostenible, de la mano de objetivos como el cuidado del medio ambiente, equidad de género, manejo del agua, mejora de los agricultores y comunidades alrededor de la minería” señaló.
Por su parte la congresista Ruth Luque, puso énfasis en la falta de atención de las personas afectadas por los metales pesados, señalando que, si bien existe una ley al respecto, no hay un avance en la atención a la salud de los afectados por la falta de un presupuesto concreto. Se refirió a las familias de las zonas de Espinar, Pasco y la Amazonía afectadas por las actividades mineras y extractivas.
Por otro lado, Luque señaló que va a trabajar en el Congreso para que se implemente un plan de reparaciones para las familias afectadas por los conflictos sociales. “Esperamos generar un nivel de diálogo sobre las reparaciones, tenemos personas con secuelas, con discapacidad, familias que no han sido atendidas. Es una deuda que tiene el Estado” expresó.
En la primera parte del evento, los representantes del Observatorio de Conflictos Mineros, José de Echave -CooperAcción, Mirtha Villanueva-Grufides, y David Velazco -Fedepaz, destacaron algunas propuestas planteadas en el reporte del OCM, como la revisión de la política fiscal, y el fortalecimiento de las instituciones públicas vinculadas a la actividad minera y fiscalización, hoy debilitadas.
En su momento José de Echave, señaló que, ante el alza de los minerales, el gobierno de Pedro Castillo deberá decidir si se sigue en piloto automático ó si el Perú tiene derecho de aplicar un impuesto a la sobreganancias mineras. «Desde el OCM consideramos totalmente legítimo que el país ejerza su derecho a pensar en cómo puede lograr una mayor captura de la renta extractiva, en este caso, minera. Organizaciones internacionales como el FMI recomiendan este impuesto» expresó.
Por su parte, Mirtha Villanueva, describió el avance de un conjunto de proyectos mineros en Cajamarca como el de Yanacocha, que se encuentra en expansión e involucra a cabeceras de cuenca, con actividades proyectadas hasta el 2040. Asimismo, alertó sobre el impacto de la minería informal afectando los ríos y cultivos del Valle de Condebamba.
Mientras que David Velazco, destacó que en Piura a fines del año pasado se establecieron 21 concesiones mineras para la empresa Nueva Arco Iris, sin haber hecho ninguna consulta a la población. Llamó también la atención sobre la criminalización de la protesta, como un instrumento legal en contra de quienes reclaman por sus derechos vulnerados, y la necesidad de una ayuda económica para los heridos y deudos de los conflictos sociales, mineros.
22/07/2021
