Opiniones encontradas generó la decisión del Congreso de aprobar hoy el proyecto de Ley que establece medidas para garantizar la continuidad de los estudios en colegios, institutos y universidades públicos y privados en situaciones de emergencia, catástrofe o de grave circunstancia que afecte la vida de la Nación.
Durante el debate parlamentario se explicó que la norma tiene carácter multipartidario y resulta de la acumulación de 11 proyectos de ley.
Según el diario El Comercio la ley ordena una “reducción inmediata proporcional de la pensión de enseñanza, en proporción a los servicios educativos efectivamente prestados”.
Además, la norma validará los acuerdos pactados entre las Asociaciones de Padres de Familia y los colegios privados sobre la reducción de pensiones. Además, el monto de las pensiones no podrá ser objeto de cobro de intereses moratorios o penalidades.
CONGRESISTAS
Jesús Del Carmen Núñez Marreros , vicepresidenta de la Comisión de Educación, señaló que el proyecto tiene como fundamento constitucional una debida comprensión del régimen económico en un estado de excepción, la optimización al derecho a la educación, el principio constitucional de solidaridad y realidad socioeconómica por la que atraviesan nuestro país por el covid-19.
Johan Flores Villegas, titular de la Comisión de Defensa del Consumidor, señaló que la propuesta faculta al INDECOPI, y al Minedu a regular, fiscalizar y sancionar los cambios y modificaciones que pueda sufrir la modalidad de la enseñanza ya sea presencial o no presencial, así como otros servicios al ciudadano.
En tanto, la parlamentaria Zenaida Solís Gutiérrez (PM), autora de uno de los proyectos de ley, indicó que se busca el encuentro y la armonía entre unos y otros al hacer acuerdos, olvidar moras y multas que persiguen a los estudiantes que los obligan a desertar.
“Lo que queremos es que les den facilidades para que continúen pagando como puedan hay que ponernos una mano en el corazón, sabemos que muchos de los padres de familia no tienen trabajo y los estudiantes tampoco pueden pagarse sus pensiones, entonces están en una situación grave”, precisó.
CRITICAS
Por su parte, el Grupo Educación al Futuro señaló que la norma busca, entre otras cosas, regular los precios de las instituciones privadas, como colegios, pese a que esta medida ha sido considerada inviable por el INDECOPI, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación.
Mediante nota de prensa, señalaron que el dictamen ahondaría la grave crisis que viene sufriendo el sector debido a la pandemia y que ha llevado a más de 5 mil docentes a perder su empleo y que, según el Minedu, obligó a más 350 mil estudiantes a migrar de una escuela privada a una pública.
En lo que va del 2021, el 90% de los colegios privados a nivel nacional han comenzado el año escolar con una deserción de más de 200 mil alumnos en total, según cálculos del Grupo Educación al Futuro.
La organización también estima que más de 3 mil colegios corren el riesgo de cerrar sus aulas a causa de la alta morosidad en el pago de las pensiones que ha llegado hasta un 40%, pese a los esfuerzos de las instituciones educativas en otorgar descuentos importantes, becas institucionales, eliminación de mora, fraccionamiento de pagos sin intereses, entre otros.
Este año, el 51% de los colegios mantuvo sus pensiones con respecto a diciembre de 2020 y el 49% solo incrementó en un 6% versus el mismo periodo, evitando llegar a los montos de pre pandemia.
Para Jorge Camacho, vocero de Alianza de Escuelas Privadas, esta medida es arbitraria y desproporcionada debido a que no se podrá mantener el alquiler de un local si el colegio no tiene ingresos.
“Si el colegio se queda sin local pierde una de las condiciones básicas de funcionamiento y, por lo tanto, pierde la autorización para funcionar, por lo que no podrá continuar prestando el servicio ni siquiera en la modalidad virtual”, asegura.
13/05/2021
